Alcaldías bajo sospecha

Luis Fernando Cartagena, ex alcalde de Orihuela; el de Pego, Carlos Pascual; el primer edil de Benitatxell, Juan Cardona; el de Torrevieja, Hernández Mateo; y José Manuel Medina, ex alcalde de Orihuela A. I.

J. E. M. La detención de José Joaquín Moya por supuestas irregularidades urbanísticas es la última de una larga serie de actuaciones de la Justicia contra alcaldes de la provincia de diferentes partidos por posibles casos de corrupción o decisiones contrarias a la legalidad. Las sombras de sospecha ya afectaron en su primer mandato al alcalde de Bigastro, que en 1986 se vio salpicado por lo que se conoció en Alicante como la "operación nécora", una denominación utilizada para referirse a los "negocios comarcales rápidos" -que pudieron ocultar tráfico de influencias y nepotismo por parte de dirigentes socialistas-, y en concreto a la adjudicación de nuevos despachos de loterías. Con el histórico Txiqui Benegas al frente de la secretaría de Organización, la dirección federal del PSOE ordenó a todos los cargos públicos del partido que renunciaran a las concesiones. Fue el propio Moya -que a la sazón era senador socialista además de alcalde y secretario general del PSOE de la Vega Baja- el encargado de reclamar la renuncia a los dos concejales beneficiarios de las administraciones de Redován y Dolores.

Mucho ha llovido desde 1986, de sur a norte, y de Orihuela a Pego, cuyos respectivos ex alcaldes Luis Fernando Cartagena y Carlos Pascual cumplen condena en la actualidad y han llegado a intimar en la cárcel de Villena, en la que coincidieron varios días de finales de julio pasado, antes de que Cartagena fuera trasladado a Albacete por vinculación familiar.

Nueve días y ocho meses ha pasado en la prisión de Villena el ex alcalde popular de Orihuela, condenado en marzo de 2002 a cuatro años por malversación de fondos públicos por apropiarse de ocho millones de pesetas que entregaron al Ayuntamiento unas monjas para obras sociales. La sentencia de la Audiencia Provincial de Elche sacudió los cimientos de la política provincial por tratarse del primer político condenado por quedarse con dinero en efectivo y el primer integrante de un gobierno autonómico con sentencia condenatoria firme en contra. Ahora ya no tendrá que volver a prisión y podrá cumplir el resto de la pena desde su casa con una pulsera telemática.

Carlos Pascual, ex alcalde de Pego entre 1995 y 2003 -primero por Unión Valenciana y luego como independiente- también fue el primer cargo público que ingresaba en prisión por un delito ecológico tras ser condenado a seis años por causar graves daños en el parque natural del marjal de Pego-Oliva entre 1996 y 1998. El dos de mayo del año pasado ingresó voluntariamente en la cárcel de Picassent tras no prosperar su recurso de súplica por motivos humanitarios.
También en la Marina Alta, en julio pasado fue detenido el alcalde independiente de El Poble Nou de Benitatxell, Juan Cardona, por un presunto delito de prevaricación y cohecho por una recalificación de un terreno de este municipio de 4.800 habitantes. En libertad con cargos, Cardona mantiene que no dimitirá mientras no se dicte una sentencia condenatoria en firme.
Quizás son los tres casos más llamativos a juzgar por las medidas judiciales ordenadas y las consecuencias condenatorias, pero hay otros de gran impacto público y mediático por la relevancia de los municipios y el contenido de las denuncias. José Manuel Medina fue relevado en el PP como candidato a la Alcaldía de Orihuela en las municipales del año pasado tras una larga sucesión de escándalos en su gestión y en su vida personal por vivir en un chalet y conducir un coche de lujo que son propiedad de constructores adjudicatarios de planes urbanísticos municipales. La instrucción marcha lenta y ya se han archivado otras dos denuncias contra Medina. Mientras, en Torrevieja, el alcalde Pedro Ángel Hernández Mateo también está siendo investigado por un juzgado que, a instancias del fiscal, instruye una denuncia de Izquierda Unida por la compraventa de una finca que le reportó unos beneficios de 5,2 millones de euros.

Y, aunque con menos ruido mediático, han pasado otros casos por los juzgados como el de la alcaldesa de San Fulgencio, Trinidad Martínez (PSOE), por votar a favor de un proyecto urbanístico en el que tenía intereses su familia, o el del ex alcalde de Catral, José Manuel Rodríguez, suspendido por el PSOE tras autorizar 1.200 viviendas sin licencia en el municipio.