Jueves 24 de noviembre de 2011 14:39
El copago sanitario atenta gravemente contra la salud.
Ángeles Maestro
Pocas veces ha llegado tan alto el grado de alienación del
discurso electoral. Sólo comparable con el nivel de descrédito generalizado del
mismo. El centro del debate político ha sido la salida de la crisis, cuando todo
el mundo sabe que después del túnel solo se vislumbra otro aún más negro.
Los candidatos han hablado de que la protección social es
intocable cuando acaban de pactar una reforma constitucional que establece la
prioridad absoluta del pago de la deuda, de sus intereses y el cumplimiento a
rajatabla de los objetivos de déficit público. En roman paladino, la traducción
práctica de esa reforma es blindar drásticos recortes del gasto público que,
como bien sabemos, no se aplicarán a la financiación pública de bancos u cajas
de ahorros, ni a la financiación de la iglesia católica, ni a la de la enseñanza
privada – directa o por la vía de la desgravación – ni a los gastos en
armamento,.. etc. Gobierno y oposición están atados a una lógica que, como se
está demostrando, nos lleva directamente al precipicio. Han eliminado la única
opción alternativa: no pagar la deuda para priorizar el gasto social y
reestructurar el sector productivo.
Para confirmar la verdad que las paredes gritan: “Otro
capitalismo es imposible”, el presidente de la Generalitat de Cataluña no ha
tardado ni 48 horas en anunciar nuevas medidas de ahorro, incluido el más
emblemático de todos: el copago sanitario y/o farmacéutico.
Todos lo negaron públicamente durante la campaña, nadie lo
llevaba en el programa y todos han callado cuando Artur Mas ha hablado. Las
encuestan hablan claramente de un rechazo mayoritario a la introducción de
cualquier tipo de tasa por el uso de los servicios sanitarios o farmacéuticos,
pero ahora, con los votos ya amasados, ha llegado el momento de introducirlo y
no sólo para el pueblo catalán.
La introducción de cual tipo de tasa sanitaria o la
modificación en la aportación del paciente, activo o pensionista, en los
medicamentos tiene necesariamente que ser establecida por una norma de ámbito
estatal. En el caso del pago de los medicamentos sería preciso reformar la Ley
29/2006 de garantía y uso racional de los medicamentos y en el caso de la tasa
para acudir a consultas, urgencias, medios diagnósticos ..etc, sería necesario
modificar el Real Decreto 1030/2006 que regula el contenido de la Cartera de
Servicios Básicos y Comunes para todo el Estado. Cuando se publicó un informe
interno de la Consejería de Sanidad de diciembre de 2010 en que se analizaban
las “prestaciones prescindibles o de acceso restringido” y se calculaba el
ahorro producido por su eliminación o exigencia de copago, se hacía referencia
al Real Decreto citado. La conclusión lógica[1] fue que tal Informe era uno de
los 17 encargados por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud
a las CC.AA. al tiempo que ministras y altos cargos negaban enfáticamente la
introducción de cualquier tipo de tasa.
La falacia de “desincentivar
el abuso”.
El copago, como bien sabemos es repago, ahora más que nunca.
El impuesto sobre las rentas de la población asalariada, detraído directamente
de la nómina, supone ya el 85% de lo recaudado por el IRPF, el fraude fiscal –
del capital – llega al 25% del PIB y, en medio de la crisis, la parte de la
renta nacional que se llevan los beneficios empresariales ha crecido dos puntos
pasando del 44,7 al 46,5%. Todo ello sin entrar a analizar un sistema fiscal en
el que tributa más el dinero ganado trabajando que las rentas del capital, el
escándalo de las SICAV, la continua reducción o eliminación de impuestos como
patrimonio, sucesiones, la desgravación por el uso de la sanidad y la enseñanza
privada, etc.
El pago de una cantidad por el uso de una prestación
sanitaria supone gravar a la persona precisamente en el momento de máxima
vulnerabilidad – cuando está enfermo – y cuando además aumentan los gastos de
todo tipo y disminuyen los recursos como ocurre con la baja laboral.
El argumento, sistemáticamente utilizado por todos los
defensores del copago “desincentivar el abuso” es una falacia. Sin negar que
existan casos de uso injustificado de consultas, que deben resolverse de forma
individualizada, los datos[2] relativos a las consultas médicas en atención
primaria indican con claridad que si se excluyen las consultas de carácter
administrativo y las que pueden ser atendidas por otros profesionales – como se
hace en otros países – la frecuentación está por debajo de la media de la UE.
Por otro lado no hay que olvidar que es el médico y no el
paciente el que prescribe ir al especialista, realizar determinadas pruebas
diagnósticas o administrar determinado tipo de medicamentos.
El copago al servicio de la privatización
Dependiendo de la cuantía de la tasa la discriminación
económica puede ser mayor o menor. La experiencia de
introducir tickets moderadores muy bajos (menos de 2 euros) ya se ha realizado
en otros en otros países, como Canadá y ha tenido efectos demoledores: se reduce
drásticamente el uso el uso de servicio sanitarios o medicamentos para el 20%
más pobre de la población, para quien esa cantidad es relativamente importante,
independientemente de la gravedad de su padecimiento. En el caso de tasas
sanitarias como las que se introdujeron el pasado mes de julio en Italia (10
euros/consulta atención primaria, 25 euros/ consulta especialista, 25 euros/
atención en urgencias sin ingreso, etc) los efectos, aun no cuantificados, serán
demoledores para amplias capas de la población con menos recursos. Así está
sucediendo en Portugal donde también se están cobrando 10 euros para acceder a
la consulta de atención primaria. Médicos procedentes del Estado español que
trabajan en el Alentejo refieren estar viendo cánceres con un nivel de
desarrollo aquí desconocido como resultado de que la población más pobre
prescinde de programas preventivos y retrasa la consulta.
Además de las graves y prioritaria
consecuencias para la salud del copago, el impacto sobre el gasto sanitario es
justo el contrario: el coste de los tratamientos aumenta.
En Grecia los drásticos recortes en sanidad
(despidos, cierres de servicios, etc) han disminuido las consultas en medicina
general y especializada, pero se han incrementado entre 2009 y 2010 en un 24%
los ingresos hospitalarios.
Si la reducción del gasto no se produce, sino
todo lo contrario – habida cuenta además de los costes administrativos generados
por la recaudación - , y ellos lo saben, ¿cuál es la finalidad que persiguen?
Si tenemos en cuenta que en sanidad el 15% de
la población (personas mayores, enfermos crónicos y pobres, en general) consume
el 80% del gasto sanitario, dificultar el acceso a las prestaciones sanitarias o
farmacéuticas a ese sector social, asegura el negocio privado en sanidad. Todo
el mundo sabe que ante una patología compleja o costosa está asegurada la
derivación a los hospitales públicos desde la sanidad privada.
Si a ello añadimos que el capital está
trabajando con datos de desempleo en el Estado español del 30% sine die,
se está configurando una situación bien diferente de la del pleno empleo que
aconsejó sistemas sanitarios públicos, gratuitos, de calidad y universales para
restaurar rápidamente la fuerza de trabajo. El futuro que nos diseñan es el de
una sanidad tipo beneficencia para la población con menos recursos, como en
EE.UU., y una asistencia sanitaria de calidad para quienes puedan pagarla. El
copago encaja las piezas del puzzle: pobres, personas mayores y enfermos
crónicos consumirán menos servicios sanitarios y medicamentos,
independientemente de la trascendencia del medicamento o la gravedad de la
enfermedad.
Hay soluciones, exactamente en sentido contrario
El sistema sanitario público tiene problemas
serios de calidad y de despilfarro que las privatizaciones y los recortes
agravan. Tanto el gasto farmacéutico injustificado o como la sobrecarga de las
urgencias tiene razones múltiples, bien conocidas, entre las que destaca el
déficit de personal sanitario, la consiguiente masificación de las consultas de
atención primaria, sobre las que también recaen demandas socio-sanitarias, de
salud mental y las consecuencias de la práctica inexistencia de la medicina
preventiva, que a falta de otros recursos se “resuelven” con recetas. A todo
ello hay que añadir la parasitación de la sanidad pública por parte de la
privada, además del encarecimiento y la incompetencia manifiesta de la gestión
privada de la sanidad pública en la resolución de enfermedades graves.
Las medidas deberían ir dirigidas al aumento y
racionalización de los recursos sanitarios públicos, sobre todo los preventivos
y de atención primaria, además de medidas integrales de política del
medicamento: fabricación pública de medicamentos esenciales, eliminación del
registro de medicamentos inútiles o injustificadamente caros, distribución de
medicamentos en la cantidad requerida en los centros de salud, etc. Todo ello
redundaría a medio plazo en una reducción del gasto y en lo que es más
importante: la mejora en la calidad de la atención.
Si no se abordan este tipo de medidas es
porque la estrategia privatizadora está bien arraigada y el beneficio privado es
incompatible con la universalidad y la calidad de la asistencia sanitaria
pública.
Por el contrario, la valoración desde
principios irrenunciables de equidad, salud y servicio público sólo puede ser la
siguiente:
- No se puede aceptar ningún tipo de pago para
el acceso a servicios sanitarios, ni ningún aumento en la aportación del
paciente a los medicamentos, ni de activos, ni de pensionistas, que sólo
contribuiría a empeorar la accesibilidad económica, ya muy deteriorada por la
caída en picado de las condiciones de vida de la población.
- El servicio sanitario público debe ser
gratuito en el momento de uso. Son los impuestos directos, los que gravan la
riqueza, los que deben establecer diferencias en las aportaciones a las finanzas
públicas.
- El co-pago que pretenden justificar desde
objetivos recaudatorios o de racionalización en el uso de las prestaciones
sanitarias, obedece al objetivo real de favorecer la privatización (si hay que
pagar por ir al médico, ¿por qué no pagar una póliza en la sanidad privada?) y
quitarse de en medio a los mayores obstáculos al negocio privado en sanidad:
enfermos crónicos, personas mayores y pobres en general.
No es ninguna exageración decir que el copago
sanitario o farmacéutico pone en riesgo la vida de muchas personas. Es este un
asunto altamente sensible que puede movilizar a muchas personas. Más temprano
que tarde hay que ponerse manos a la obra.
Si privatizar empresas es un robo, privatizar
servicios públicos como la sanidad es un crimen[3].
[1]
Un análisis pormenorizado del Informe citado puede encontrarse en Maestro, A.
(2011) “Datos concretos del copago sanitario”
[2] Consultar
http://blogs.publico.es/dominiopublico/1759/el-copago-sanitario/
[3]
http://www.redroja.net/index.php/documentos/campanas/501-privatizar-es-un-crimen