Se están celebrando estos días diversas actuaciones judiciales que tienen como protagonista al banquero más rico de España, Emilio Botín, y que comienzan a poner aún más a las claras que los poderes de la democracia pueden llegar a ser completamente inútiles frente a los del dinero y las finanzas. De salir adelante las argucias jurídicas de Botín podremos decir sin ninguna duda que la democracia y la justicia españolas han sucumbido sin remisión ante la ambición y el poder de una banca que no duda en realizar todo tipo de negocios turbios para ganar más y más dinero cada año. Los hechos son expresivos por sí mismos y me limito a exponerlos para que los lectores saquen sus propias conclusiones.

El caso de las “cesiones de crédito”

Hace unos doce años, se presentó una querella contra el banco de Botín “por un presunto delito fiscal derivado de la comercialización de un producto de ahorro llamado cesiones de crédito, de carácter opaco” (CINCO DÍAS, 23-11-2006).

Las operaciones que llevó a cabo el banco de Botín las resumía de la siguiente manera el diario digital EL CONFIDENCIAL: “Durante los años 1988 y 1989, el Santander manejó cerca de medio billón de pesetas de dinero negro, que provenía de fuentes financieras más o menos inconfesables, mediante la comercialización de un producto destinado a captar esa cuantiosa bolsa de dinero que circulaba fuera de los cauces legales, a cuyos dueños se aseguraba que iba a seguir siendo tan ‘negro’ como antes (...)
El banco entregó al Fisco información falsa sobre 9.566 operaciones formalizadas que representaban 145.120 millones de pesetas. Y al mismo tiempo puso en marcha una operativa por la cual los empleados, mediante instrucciones directas de los acusados, procedieron a simular contratos mercantiles de cesiones de crédito, así como resguardos provisionales y documentación contable de diverso carácter, con el fin de aparentar que esas operaciones se habían realizado por terceras personas y no por los verdaderos titulares. A tal efecto, no dudó en declarar como titulares de las cesiones a personas fallecidas, emigrantes no residentes en España, ancianos desvalidos, trabajadores en paro, familiares de empleados del banco, antiguos clientes que ya no mantenían relación alguna con la entidad, etcétera” (EL CONFIENCIAL, 21 de septiembre 2006).

Según este mismo diario, en atención a esa conducta, la acusación solicitó para el presidente del Santander “un total de 170 años de prisión y una multa de 46.242.233,92 euros (7.694.060.334 pesetas), además de una responsabilidad civil de 84.935.195,86 euros (14.132.027.499 pesetas), que es el perjuicio causado con su actuación a la Hacienda Pública” (EL CONFIENCIAL, 21 de septiembre 2006).

Pues bien, ante una conducta de este tipo y ante unos presuntos daños tan inmensos para la Hacienda Pública los hechos son los siguientes:

1. La Abogacía del Estado, en representación de la Agencia Tributaria, HA PEDIDO EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA EN SIETE OCASIONES (EL PAIS, 23 de noviembre de 2006).

2. El Ministerio Fiscal (¿siguiendo órdenes del Gobierno?) mantiene que “sólo puede formular acusación quien tiene derecho a ello", es decir, la Hacienda Pública. Pero como esta no presenta acusación, el Fiscal argumenta que "no se tiene el derecho a que se declare inocentes o culpables” y, en consecuencia, también viene solicitando el sobreseimiento, en este caso EN QUINCE OCASIONES a lo largo de los doce años que se llevan de procedimiento (EL PAIS, 23 de noviembre de 2006).

¿Hace falta algún comentario más para determinar la naturaleza de estos hechos?

El caso de la compra de Banesto por el banco de Botín

Hace unas semanas, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón abrió diligencias previas para determinar si encausaba a Botín y a otras 21 personas entre las que se encuentra el ex gobernador del Banco de España Luis Angel Rojo (quien, por cierto, fue nombrado recientemente por Botín miembro del consejo de administración de su banco).

La motivación de la querella es impresionante: “la supuesta apropiación indebida de 4.507 millones de euros (750.000 millones de pesetas) pertenecientes a Banesto (...) sobre cuyo paradero no han dado la menor información a los accionistas, a la Hacienda Pública o al mercado". (EL ECONOMISTA 16 de octubre de 2006).

El querellante acusa a los responsables del Santander, con Botín a la cabeza, de “un total de 11 delitos: apropiación indebida, falsedad en las cuentas anuales y en documento mercantil, revelación de secretos, uso de información privilegiada, maquinación para alterar el precio de las subastas, cohecho, prevaricación, estafa, malversación de caudales públicos, delito tributario y fraude en la obtención de ayudas públicas” (EL ECONOMISTA 16 de octubre de 2006).

En concreto, “se acusa a Botín y al resto de querellados de cometer un delito fiscal por más de 262.000 millones de pesetas (1.574 millones de euros), así como de malversar caudales públicos en beneficio del Banco Santander y de los propios querellados por un importe superior a los 327.000 millones de pesetas (1.965 millones de euros)”.

Según informó la prensa esta querella “recoge que los acusados ocultaron el destino de las ‘cantidades ingentes’ que cobraron correspondientes a multitud de créditos, préstamos y otros activos de Banesto. Según Pérez Escolar, se trata de partidas que deberían constar de manera indeleble en la contabilidad de Banesto, pero se enmascararon tras múltiples artificios con el propósito de no dejar rastro de su existencia” (EL ECONOMISTA 16 de octubre de 2006).

Para que los lectores de esta nota se hagan una idea de lo que hay detrás de esta querella transcribo literalmente algunos de sus párrafos:

“Mi mandante (se refiere al querellante) no ha recibido contestación alguna ni cualquier explicación que justifique, aunque sea de lejos, lo que no dudó en calificar como ‘el mayor fraude mercantil y tributario en la historia universal de las finanzas’. Los querellados, especialmente los Botín y el ex Gobernador Rojo, no lo han explicado de cualquier manera, sin duda porque tan descomunal latrocinio no admite la menor explicación, al menos en términos que puedan comprender de alguna manera tanto el Fisco como los accionistas expoliados de Santander y de Banesto. Por lo que habrá de ser en sede judicial donde se dilucide con la profundidad requerida un asunto tan turbio y de tanta gravedad como el que denunciamos. Diremos como remate que Rodríguez Cantarero, inmediatamente después de reconocer judicialmente la enorme magnitud de lo desaparecido, los 750.000 millones que él mismo precisó ante la autoridad judicial, fue cesado en su cargo de consejero de Banesto” (negrita en el escrito original).

Y para que tengan una idea del tipo de operaciones de las que se acusa a Botín, y de lo fácil que sería determinar si realmente constituyen o no un delito, transcribo un caso que se hizo especialmente llamativo.

Según informó el diario digital EL CONFIDENCIAL “en la querella se dice que Alfredo Sáenz, como administrador provisional designado por el Banco de España, y su equipo gestor, ‘adulteraron la contabilidad social de manera que gran número de elementos patrimoniales elegidos al azar recibieron la calificación de activos dañados, cuando se trataba de préstamos y créditos garantizados plenamente’ (...)
Tales activos fueron ‘drásticamente provisionados por Sáenz, de modo que su valor neto contable quedó reducido las más de las veces a una peseta, aunque después Banesto recuperó su valor íntegro’, sin que los accionistas presentes y pasados hayan podido conocer el destino de esas partidas. Como ejemplo, Escolar cita el caso del crédito otorgado al grupo Villar Mir por importe de 17.450 millones de pesetas, que, a pesar de contar con máxima garantía hipotecaria, incluso con fianza solidaria del propio Villar Mir y su esposa, fue contabilizado por 1 peseta. El empresario terminó abonando religiosamente principal e intereses hasta una suma cercana a los 25.000 millones, recuperación que “se ha ocultado en las cuentas presentadas a los accionistas” (EL CONFIDENCIAL 10 de octubre de 2006).

Pues bien, ante la suma de todas estas acusaciones la sorpresa increíble es que, también en este caso, el Fiscal solicitó el pasado día 22 de noviembre que se archivara la querella porque, en su opinión, los hechos “no son constitutivos de delito alguno” (Cinco Días 22 de noviembre de 2006).

Tampoco creo que sea necesario ningún otro comentario. El poder del dinero es ingente y suele habitar en las sombras, en las cloacas de la sociedad mejor dicho, pero al final no puede disimularse.

Lo que ocurre en nuestra época no es nuevo pero conviene decirlo y recordarlo: un banquero puede acabar con la democracia. Este es el mensaje. Pero que nadie se equivoque. El mal no está sólo en él sino también en quienes le ayudan desde las instituciones y los gobiernos, bien por complicidad, bien por cobardía o por simple ineptitud.

Juan Torres López es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Málaga (España), miembro del Comité de Apoyo de Attac-España y colaborador habitual de Rebelión. Su página web en www.juantorreslopez.com